Con la excusa formal de proceder “a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado Nacional, productores, exportadores e importadores”, la Secretaría de Bioeconomía comenzó a desarmar el andamiaje de controles que el propio Estado implantó en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, para monitorear a una serie de sectores de las cadenas agroalimentarias donde se registraban altos niveles de informalidad y por lo tanto de competencia desleal.
Mediante la Resolución 32/2004 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, y que había sido anticipada por Bichos de Campo como el primer paso para una posible disolución de la ex ONCCA (actual Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario), medida que continúa en estudio, el ex secretario de Agricultura excluyó de la obligación de figurar en el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria) a una serie de sectores donde visiblemente es moneda corriente la evasión impositiva, sanitaria y laboral. La excusa es, además de una supuesta simplificación, que esos sectores y actividades ya forman parte de otros registros.
Curiosamente, los sectores que ahora quedan excluidos de tener que anotarse en el RUCA (una suerte de registro comercial obligatorio para verificar justamente que los operadores estén bien formalizados) son en los que suelen recaer las mayores sospechas de informalidad: salen por completo del radar de la ex ONCCA las empresas pertenecientes a los sectores productores de lana, de yerba mate, de frutas y verduras, y de azúcar.
Vale aclarar que el organismo de control agropecuario -que tiene su principal foco en el control de los negocios en carnes, granos y lácteos-, nunca llegó a implementar del todo una fiscalización severa y constante sobre esas actividades, debido a los continuos idas y vueltas en las políticas públicas generados por los sucesivos cambios de gobierno. Más bien, ahora casi no realiza una supervisión real sobre dichas actividades. Debería hacerlo, pero no lo hace.
La Resolución 21, que dio forma a un renovado RUCA, pertenece al gobierno de Cambiemos, y fue lanzada en febrero de 2017, cuando el macrismo pensaba en una gran ofensiva contra los altos niveles de evasión en el agro, que todavía perduran. Pero luego los funcionarios que llegaron con el regreso del kirchnerismo, con el contador Luciano Zarich a la cabeza, desmantelaron buena parte de esas políticas. Ahora Milei, en vez de enderezar las cosas, parece preferir el camino de ir desmontando por completo los controles estatales.
En rigor, en el anexo que acompaña la resolución, se eliminan varios de los requisitos establecidos para figurar el el RUCA. Por ejemplo, en el caso de los exportadores de granos, ya no será necesario que presenten para permanecer en el Registro una “constancia de ingresos de divisas, del último año, para el caso de haber
realizado operaciones de exportación”. Este fue el trámite que permitió, en tiempos de Cambiemos, descubrir que la empresa Díaz & Forti, que manejaba las plantas de la fallida aceitera Vicentin, había eludido la obligación de depositar en el Banco Central al menos unos 400 millones de dólares fruto de sus embarques. La ex ONCCA denunció esa irregularidad incluso antes que el BCRA. Eran otros tiempos.
No se conoce con qué criterio la nueva resolución mantiene desde ahora algunas actividades dentro de la obligación de figurar en el RUCA (y por lo tanto, presentar documentación de modo habitual para renovar su matrícula habilitante) y por qué excluyó a muchas otras actividades. No hubo un estudio a fondo del asunto y mucho menos explicaciones oficiales. “De Vilella para abajo no tienen la más mínima idea de lo que es la ONCCA, menos lo que pudieran hacer con ella complementando su accionar con la AFIP. Lo peor de ésta es que gente que no entiende un carajo está tomando estas decisiones”, se ofuscaba anoche un entendido.
Una vez más, la excusa de las nuevas autoridades -según la propia resolución- es que se intenta “evitar la superposición de registros existentes y generar mayor carga administrativa a los operadores”. Y que “por oportunidad, mérito y conveniencia, se propicia derogar todos aquellas actividades y requisitos que sean contradictorios con las medidas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Por lo pronto, se quita la obligación de estar matriculados a varios subsectores del comercio agrícola: Los acopiadores de algodón en bruto; la hilandería, la tejeduría; los Mercados a Término o de futuros; los laboratorios de calidad de granos; los peritos clasificadores de cereales; e incluso las Plantas elevadoras destinadas a la carga de granos y/o derivados granarios de terceros con destino a la exportación”.
En el rubro ganadero, ahora quedarán exceptuados de presentarse ante el RUCA los feedlot o engordes de ganado bovino a corral; los consignatarios de carnes; los consignatarios de carnes por imágenes; los importadores de ganados y carnes; las fábricas de chacinados; las fábricas de carnes y productos conservados; las curtiembres y acopios de cueros; las graserías y seberías; los locales de concentración de carnes; y los consignatarios de carne aviar.
También se excluyó del Registro a las carnicerías. Estas habían sido incorporadas cuando entre la AFIP y la ex ONCCA intentaron sin suerte, también durante el gobierno de Macri, poner en caja la evasión en el comercio de carnes, mediante la creación de un aporte obligatorio (el VEP) previo a la faena de animales. La imposición de controles al último eslabón de la cadena, el carnicero, se consideró necesario porque éste era el punto en que se malograba todo el seguimiento impositivo de la media res, con facturas apócrifas y la venta masiva en negro de este alimento.
En el negocio de los lácteos, los que tienen ahora la suerte de esta supuesta “desburocratización” serán los pool de leche cruda; los consignatarios de leche cruda; las plantas de enfriamiento y tipificación de leche cruda; los exportadores de lácteos; los importadores también; los tambo fábrica (un segmento altamente sospechado de evasión, pues son los que convierten la leche en masa muzarela); los comercializadores de marca propia; los depósitos lácteos de maduración; los mayoristas; los fraccionadores; y los laboratorios de lácteos.
Fuente: Bichos de Campo